Nuevas iniciativas de ley para Parcelaciones Rurales

El gobierno intenta nuevamente normar la subdivisión de previos rurales.

8 de junio de 2024 | por Donetch & Cía.

El reciente proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Agricultura de Chile, que busca regular el auge de los loteos en suelos rurales, parece ser otro intento más del gobierno por intervenir innecesariamente en el mercado. Esta medida, que obliga a los desarrolladores a incluir áreas protegidas o agrícolas, no solo impone costos adicionales y trámites burocráticos, sino que también puede frenar el dinamismo del mercado de parcelas, limitando las oportunidades de inversión y desarrollo económico en zonas rurales.

 

Principales Puntos del Proyecto de Ley

 

1. Áreas Protegidas o Agrícolas: Uno de los aspectos centrales de la ley es la obligación de incluir áreas protegidas o destinadas a la agricultura o conservación de bosque nativo en los loteos que superen las 4 hectáreas.
2. Infraestructura y Servicios Básicos: La ley exigirá que los desarrolladores proporcionen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y manejo de residuos.
3. Fiscalización y Sanciones: La ley establecerá sanciones severas para aquellos que no cumplan con las nuevas regulaciones. Esto incluye multas y la posibilidad de revertir los permisos de construcción otorgados.

 

La reacción de los desarrolladores inmobiliarios ha sido mayoritariamente negativa. Muchos consideran que las nuevas regulaciones son excesivas y que dificultarán la viabilidad de nuevos proyectos. Por otro lado, los agricultores y defensores del medio ambiente apoyan la ley, aunque es probable que sus beneficios sean limitados en la práctica debido a los problemas de implementación y fiscalización.

 

En resumen, este proyecto de ley parece ser otra medida del gobierno que, aunque bien intencionada, podría tener consecuencias negativas para el mercado de las parcelas en suelos rurales. La combinación de mayores costos, trámites burocráticos y requisitos estrictos puede desalentar la inversión y limitar el desarrollo económico en estas áreas. Además, la capacidad del gobierno para fiscalizar y hacer cumplir estas regulaciones es cuestionable, lo que sugiere que esta ley podría no ver la luz o, en el mejor de los casos, tener un impacto limitado en la práctica. Por lo tanto, es crucial reconsiderar el enfoque y buscar soluciones más equilibradas que fomenten tanto la conservación ambiental como el desarrollo económico sostenible.